Si bien en los últimos años se han promulgado las leyes de Archivo, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y profesionalización prevalece aún una enorme brecha entre lo que establece dicha normatividad y la situación real en torno a su observancia.
La formación, capacidad y aptitud constituyen elementos esenciales para asegurar a la comunidad el ejercicio de una profesión, reservándolo a quienes poseen una formación universitaria sólida, seria y competente. Por ello es impostergable la reglamentación del ejercicio de la profesión de archivólogo en el país, que identifique quiénes están comprendidos y su categorización, que determine cuáles son sus deberes y qué garantías otorga y sobre qué principios éticos se sustenta.