Si bien en los últimos años se han promulgado las leyes de Archivo, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, prevalece aún una enorme brecha entre lo que establece dicha normatividad y la situación real en torno a su observancia, la aprobación de una ley de profesionalización es elemental para brindar al ciudadano un verdadero acceso a la información.
No solo para asegurar el acceso a los documentos de archivo que se encuentran en soportes tradicionales sino también para los que se generan a partir del uso de las tecnologías de la información.
La formación, capacidad y aptitud constituyen elementos esenciales para asegurar a la comunidad el ejercicio de una profesión, reservándolo a quienes poseen una formación universitaria sólida, seria y competente. Por ello es impostergable la reglamentación del ejercicio de la profesión de archivólogo en el país, que identifique quiénes están comprendidos y su categorización, que determine cuáles son sus deberes y qué garantías otorga y sobre qué principios éticos se sustenta.