ALGUNOS APUNTES SOBRE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARCHIVÓLOGOS

Caratula del proyecto

Durante la pasada XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en La Antigua Guatemala el 15 y 16 de noviembre de 2018, los mandatarios iberoamericanos designaron el 2019 como Año Iberoamericano de los Archivos para la transparencia y la memoria.

La Declaración enumera 18 acuerdos para la promoción del desarrollo cultural de la región, como contribución concreta al cumplimiento de la Agenda 2030, incorporando la cultura como eje transversal en las políticas públicas de la región.

En este ámbito internacional de reconocimiento a los Archivos, el Gobierno Uruguayo suma a su agenda el tratamiento del anteproyecto de ley presentado por nuestra asociación por el que se regula y se reconoce la condición profesional de los archivólogos en todo el territorio nacional.

A partir de la entrada en vigencia de esta ley y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 18.220, de 20 de diciembre de 2007, que establece la regulación y creación del Sistema Nacional de Archivos; toda institución pública que requiera servicios de gestión documental, estará obligada a cubrir los cargos y funciones con profesionales archivólogos.

Este hecho marca un antes y un después en las políticas públicas de acceso a la información, porque se está profesionalizando, se están dando derechos y se sientan políticas de estado de aquí a muchos años en lo que respecta a la organización de los Archivos y a la disponibilidad de los documentos que preservan, porque sin archivos profesionalizados nunca vamos a tener verdadero acceso a la información, derecho consagrado de todos los habitantes de la república y piedra angular de todo estado democrático.

Actualmente, según el Laboratorio de Innovación y Observatorio de la Función Pública existen en los incisos 02 al 15 de la Administración Central la cantidad de 21 vínculos ocupados que tienen la descripción de Archivólogo o similar y en los incisos 01 y 16 a 31 solamente existe registrado un técnico en archivo en el inciso 16, Poder Judicial, lo que demuestra la vulnerabilidad que tiene nuestra profesión al no tener una norma que la ampare; sucede también que muchos organismos tienen descripciones de cargos genéricas como “Profesional” o “Técnico Profesional” y no registran más detalle, éste es uno de los problemas que aborda esta ley de profesionalización, la creación de los cargos, para que se reconozca al Archivólogo que ejerce como tal, pero que está presupuestado con otras denominaciones y en otros escalafones con el fin de brindar un adecuado marco jurídico para que se hagan efectivos su derechos y obligaciones, apuntalando su utilidad social y democrática de brindar acceso a los documentos de archivo.

Un poco de historia

El primer antecedente de intento de regulación de la profesión de Archivólogo en el Uruguay data del 30 de diciembre de 1983, año en que se inauguró la carrera de Archivología, en un contexto marcado por la ausencia de un enfoque profesional para la organización de los fondos de las instituciones del Estado, los archivos constituían meros “depósitos de papeles” debido a que no se habían incorporado los métodos y técnicas archivísticas para la gestión de su patrimonio documental, fue cuando la Directora de la Escuela Uruguaya de Bibliotecología y Ciencias Afines, Ermelinda Acerenza, eleva al rector interventor interino de la UdelaR el primer "Proyecto de Reglamentación de la Profesión de Archivólogo", el cual establecía quiénes podían ejercer esta profesión y sus atribuciones; lamentablemente, ese proyecto no prosperó.

No fue sino hasta febrero de 2009 cuando esta vez la Asociación Uruguaya de Archivólogos, elevó al Ministerio de Educación y Cultura el anteproyecto de "Ley de Regulación del Ejercicio de la Profesión de Archivólogo”, transitó allí varios años pero  no tuvo andamiento por cuestiones legales, finalmente, en setiembre de 2015 la Asamblea General de la AUA decidió contratar los servicios profesionales de un abogado experto en acceso a la información, para realizar un proyecto de ley más adecuado, modificando un poco el texto normativo anterior y agregando algunas disposiciones que no estaban comprendidas.

Fue así que el 08 de mayo de 2018 ,después de mucho trabajo en la interna de la AUA y de varias reuniones con distintos representantes políticos,  se logró ingresar a consideración de la Cámara de Representantes el proyecto de profesionalización que hoy se discute en la Cámara de Senadores, pasando por sucesivas fases de discusión y de trabajo en conjunto con el fin de obtener un producto jurídico acorde a su importancia, es destacable que  en todas las fases de decisión y tratamiento de las distintas cámaras y comisiones el texto fue votado por unanimidad, demostrando que cuando los asuntos son importantes para el país el Sistema político trabaja en conjunto, asimismo la AUA se consolidó en el proceso como uno de los integrantes sociales que construyen caminos adecuados en conjunto con los gobiernos del país, fortaleciendo el derecho al saber,  facilitando el gobierno abierto e inclusivo a partir de garantizar las fuentes documentales organizadas, contenidas en los archivos, como aportes de nuestra labor profesional para que sirvan como base sobre la que se construye la memoria y la cultura de nuestro pueblo.

Sobre el rol de la AUA

Desde que se fundó la carrera de archivología en Uruguay, en el seno de la única universidad pública del país, existió entre sus integrantes la idea de asociarse para trabajar en intereses comunes, defendiendo los derechos de sus egresados como profesionales de los archivos, promoviendo su reconocimiento ante las autoridades y la sociedad, su capacitación y actualización permanente para su desarrollo.
Se logró constituir como una ONG sin fines de lucro, el 22 de noviembre de 1993, quedando registrada oficialmente y reconocida esa fecha como el Día del Archivólogo Uruguayo.

La Asociación Uruguaya de Archivólogos juega desde entonces un rol activo en el desarrollo archivístico uruguayo, desde sus inicios defiende los intereses del colectivo, asesorando a los órganos de la Administración Pública y Privada, en el diseño de una política archivística que le otorgue a los documentos y los archivos que los contienen el lugar que le corresponde en el plan de desarrollo e identidad del país.

Es un protagonista esencial, en la gestación del marco jurídico archivístico nacional y el motor que propició el desarrollo transformador de la archivología nacional, elaborando y estableciendo en conjunción de fuerzas, las leyes adecuadas y necesarias para alcanzar perfeccionar herramientas útiles a la sociedad democrática cumpliendo así los fines para la cual fue creada, nuestra asociación se constituyó en un contundente y activo contribuyente, como redactor,  consultor y  asesor en el control del monitoreo del cumplimento, de las leyes Archivo, Protección de datos y Acceso a la Información; la cuarta ley, la de profesionalización de los archivos, se inserta en forma dinámica y vinculante en el ya existente marco jurídico archivístico nacional y potenciará el cumplimiento de las anteriores, en forma contundente sin dudas, en busca de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en contra de la corrupción administrativa y en la consolidación de los derechos civiles y de la democracia de nuestra sociedad.

En el país puso sus recursos humanos: docentes, egresados y estudiantes, todos ellos, integrantes de nuestra asociación, en pro del desarrollo de la carrera de estudios para alcanzar la categoría académica de la Licenciatura en Archivología y la consolidación de su centro de estudios en Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

Su rol profesional y social ha quedado demostrado en la contribución activa de  su trayectoria, de la  superación profesional de sus integrantes en la vida laboral, e intelectual, con su código de ética como orientador moral de nuestra profesión y con las herramientas técnicas archivísticas, que contribuyeron a gestar y potenciar junto al Archivo General de la Nación , las nuevas políticas archivísticas para el Uruguay, que contribuyen a fortalecer la democracia en que vivimos,  aunque a partir de ahora nuevos desafíos se presentarán para nuestra asociación, hoy estamos contentos por todo lo alcanzado y convencidos que sin la existencia de la Asociación Uruguaya de Archivólogos, nuestra realidad sería diferente. Nuestra asociación demuestra en la práctica, que para esta profesión la mejor manera de decir es hacer.
 
 
Socio honorario de la AUA: Lic. Víctor Barranco García.
Presidente AUA: Arch. Eliseo Gabriel Queijo

Ficha completa del proyecto